La administración del primer ministro japonés Abe Shinzo ha autorizado la reinterpretación del artículo 9 de la Constitución japonesa, permitiendo así que Japón acuda a la ayuda de un aliado bajo ataque, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin duda es un momento histórico para Japón, porque desde que se firmara la Constitución actual, después de la derrota japonesa en la Guerra del Pacífico, Japón no podía participar en ningún conflicto bélico en el extranjero de acuerdo al famoso artículo 9. Así pues, la reinterpretación de este artículo podría suponer el rearme de Japón.

La administración afirma que Japón seguirá siendo un país pacífico, centrado en la defensa e interesado en resolver los conflictos a través de la diplomacia, pero la reinterpretación de la lectura del artículo 9 dice lo contrario y demuestra el auge del militarismo japonés. En la conferencia de prensa organizada después de que el gobierno autorizara el cambio, Abe aseguró que Japón no irá a la guerra y no será solicitado a ir a la guerra por otros países: “No recurriremos al uso de la fuerza (únicamente) con la intención de defender a otros países. Pero si estamos preparados para hacer frente a cualquier situación, podemos frustrar cualquier intento de guerra contra nuestro país.” Este cambio de buen seguro no gustará a países vecinos como China y Corea del Sur, con quienes Japón tiene conflictos territoriales abiertos en la actualidad.

Abe ha asegurado que Japón no se unirá a operaciones militares de las fuerzas de la coalición autorizadas por las Naciones Unidas, como por ejemplo fue la Guerra del Golfo. Sin embargo, esto va justamente en contra de las recomendaciones del panel escogido por su administración, que recomendó en su informe sobre defensa realizado en mayo que Japón debería tomar partido en estas operaciones.

Para aliviar las críticas por el cambio de postura sin haber organizado previamente un referéndum nacional para revisar la Constitución, la administración Abe ha ampliado la definición de autodefensa individual  para incluir la defensa de aliados y ha introducido tres nuevas condiciones con las que Japón puede recurrir a la fuerza para preservar la supervivencia de la nación y las vidas y los derechos de su población. Según las nuevas condiciones, Japón puede acudir a ayudar a una nación amiga si:

  • El ataque en ese país supone un peligro claro para la supervivencia de Japón o puede anular los derechos constitucionales de los ciudadanos japoneses a la vida, la libertad y la busqueda de la felicidad;
  • No hay otra manera de repeler el ataque y proteger Japón y sus ciudadanos;
  • El uso de la fuerza se limita al mínimo necesario.

Aunque la autodefensa colectiva es un derecho inherente garantizado a las naciones miembros por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, los gobiernos anteriores fueron fieles a la idea de que la Constitución prohíbe el uso de la fuerza en cualquier caso, excepto cuando la nación está bajo ataque directo.

A pesar de las promesas de Abe, los ciudadanos japoneses temen que las condiciones por las que Japón pueda sentirse bajo amenaza acaben dando carta blanca al gobierno para ampliar la participación de las Fuerzas de Autodefensa en el extranjero, pero para los dos partidos mayoritarios las condiciones no pueden interpretarse tan libremente: “se ha hecho de manera que evitemos que Japón haga lo que Abe dijo que Japón no haría, ni siquiera en el futuro”, afirmó el vicepresidente del Partido Liberal Democrático, Komura Masahiko. Sin embargo, los dos partidos mayoritarios parecen diferir en qué constituye un peligro claro para Japón.

Las protestas y manifestaciones no se han hecho esperar y centenares de japoneses han tomados las calles para protestar contra un cambio que tiene unas repercusiones enormes para el futuro del país y que les recuerda a un pasado militarista japonés que tuvo consecuencias desastrosas para todos.

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Vía: The Japan Times